La deuda vinculada al sistema de pensiones se consolidó como el principal riesgo estructural para la sostenibilidad fiscal de El Salvador en 2026, según un informe de financiera inglesa Emerging Finance (EMFI).

La entidad alerta que este componente de la deuda pública representó 30.6% del PIB en 2025, cifra que equivale a cerca del 34% del endeudamiento total del Sector Público No Financiero (SPNF). Según el análisis, “la presión que ejercen las obligaciones previsionales amenaza con revertir los avances fiscales recientes”.

La reforma de pensiones aprobada en 2022 por el gobierno salvadoreño permitió reducir temporalmente el déficit fiscal, al diferir pagos significativos durante cuatro años. Sin embargo, el informe de EMFI advierte que desde 2027 que se reanudarán las obligaciones de pago incrementarán la presión sobre las cuentas públicas. “El alivio conseguido tras la reforma es limitado en el tiempo”, señala el documento, y anticipa que el déficit del SPNF, incluyendo las pensiones, fue de 2,9% del PIB en 2025 y podría alcanzar 3,1% en 2026.

La deuda previsional de El Salvador se origina en la necesidad de financiar el sistema de reparto estatal, tras la transición desde un régimen de capitalización individual a uno público. Esta situación ha requerido la emisión recurrente de títulos de deuda y obligaciones a largo plazo. El informe de EMFI destaca que el peso creciente de estas obligaciones limita la capacidad de maniobra fiscal y complica la gestión de la deuda total.

El estancamiento en las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se atribuye en parte a la falta de avances en una reforma estructural del sistema de pensiones. De acuerdo con el reporte de EMFI, existe una probabilidad del 65% de que el acuerdo con el FMI permanezca bloqueado hasta 2026, mientras no se resuelva el problema previsional. El documento advierte que “la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de la capacidad política para consensuar una solución integral para el sistema de pensiones”.

El FMI firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.

El impacto fiscal

El análisis de EMFI subraya que la persistencia de un déficit previsional elevado, en un contexto de bajo crecimiento y presiones inflacionarias, puede agravar los riesgos de solvencia y aumentar la vulnerabilidad financiera del país. “Las obligaciones previsionales absorben un porcentaje creciente del gasto público”, advierte.

El documento también identifica la ausencia de un horizonte de solución a mediano plazo, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas y obstaculiza el acceso a financiamiento externo. Los mercados internacionales perciben la falta de reformas como un factor de riesgo, lo que se refleja en los costos de la deuda soberana salvadoreña y en las recomendaciones de mantener posiciones cautelosas en los eurobonos del país.

El EMFI estima que, sin una intervención estructural, la deuda vinculada al sistema previsional podría continuar ascendiendo en los próximos años, incrementando la probabilidad de episodios de estrés fiscal. El análisis concluye que “la agenda de reformas estructurales en pensiones será determinante para la estabilidad macroeconómica de El Salvador durante la próxima década”.

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